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El pasado uno de junio, sábado, el Ministerio de Industria, Turismo y Energía (Minetur) difundió una nota según la cual, desde ese día, ya es "obligatorio poner a disposición de los compradores -o arrendadores de edificios o de parte de los mismos (siempre que los alquileres tengan una duración superior a cuatro meses)- un certificado de eficiencia energética". La norma llega once años después de que Bruselas adoptara la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficiencia energética de los edificios.
El Minetur detalla en su nota que el certificado de eficiencia energética de los edificios tiene una validez de diez años y debe evaluar "la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o parte del mismo), tanto en términos de consumo de energía como de emisiones de CO2, otorgándole una calificación en una letra que variará de la A a la G, para consumo de energía primaria, y otra letra para emisiones de CO2". Además de la información sobre sus características energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble. El objetivo de la medida -explica el Minetur- es "fomentar el ahorro y la eficiencia, así como que el consumidor pueda valorar y comparar la repercusión del gasto en energía y emisiones de CO2 que va a tener su decisión a la hora de comprar o alquilar una vivienda".
El cártel del ladrillo
El paso dado por el gobierno -el paso del certificado- llega apenas 11 años después de que fuera aprobada la Directiva Europea 2002/91/CE, que ya definiera en Bruselas, a principios de siglo, ese certificado. En el camino, una burbuja que ha conducido al país a la ruina –que ha elevado a Bárcenas a los altares mediáticos– y que ha dejado un parque inmobiliario nacional cuya eficiencia energética es entre preocupante y patética. Dos gobiernos sucesivos -Popular Aznar; Socialista Zapatero- dejaron la trasposición de la directiva en el cajón durante más de una década, España acabó enladrillada y los papeles de Bárcenas, en la portada de todos los diarios y cuajados de números que sugieren que ciertos responsables públicos percibieron presuntamente sobresueldos... digamos... oscuros... procedentes del cártel del ladrillo patrio.
De Aznar y Zapatero
En el camino, pues, mucho, mucho, mucho ladrillo y, lo que es más grave aún, muy mal puesto. Lo decía en diciembre de 2005 -ya ha llovido- Arturo Gonzalo Aizpiri, a la sazón, secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático: una vivienda nueva en España consume el 40% más de energía que otra construida en Francia, debido a que aquí se "ha abandonado absolutamente" la prioridad del aislamiento y del ahorro energético. La laxitud de las sucesivas administraciones, que no han considerado oportuno trasponer la directiva hasta mucho después de que haya estallado su burbuja inmobiliaria, ha permitido que el cártel del ladrillo haya construido durante demasiado tiempo a su libre albedrío (por cierto, Aizpiri fue eliminado del gobierno -como su jefa, la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona- tras la segunda victoria ZP... Y aquí paz y después gloria).
Hipoteca energética
¿Conclusión de todo ello? Las viviendas consumen en España el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios han crecido más de un 20% desde 1990. El 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío de sus viviendas y el 42% también se declara insatisfecho con el aislamiento contra el ruido (encuesta CIS 2010). Más aún: cerca del 60% de las viviendas españolas han sido levantadas "sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética" (la primera es de 1979). Todos esos datos -facilitados por el Consejo de Ministros- revelan que la dejación de funciones de unos -Aznar y Zapatero- se trocó durante muchos años en la chapuza de los otros... chapuza en ladrillo que ahora le toca pagar -en kilovatios térmicos- a cada hijo de vecino.
Ahora que ya está todo construido
Lo reconocía el sábado pasado el mismo Ministerio de Industria: "se calcula -decía su nota- que esta normativa conllevará ahorros anuales de aproximadamente 32.000 toneladas equivalentes de petróleo, suponiendo que se realizarán actuaciones de mejora de la eficiencia energética en un 10% de los edificios certificados y se conseguirá un ahorro medio de un 20% con las medidas que se adopten". En fin, chapuza en ladrillo que ahora le toca pagar -en kilovatios térmicos- a cada hijo de vecino, por la culpa de edificios que fueron erigidos sin los aislamientos apropiados. Lo hemos ido contando a lo largo de los últimos meses: "El gas sube casi un 100% en cuatro años", titulábamos en febrero; "El butano, un 100% más caro que los pellets de madera", titulábamos en marzo. Es decir, que a la hipoteca inmobiliaria, se le ha añadido la energética, por la culpa de los laxos.
Lo que dice el ministerio
En fin, que, según la nota difundida el sábado por el Minetur, el usuario que quiera certificar una vivienda deberá contratar los servicios de un técnico competente según el artículo 1.3.P del Real Decreto 235, que serán quienes finalmente realicen la calificación del edificio. El Real Decreto afecta a edificios de nueva construcción y a aquellos existentes que se vendan o alquilen; entre otros, cabe destacar que están exentas de la certificación energética los edificios histórico-artísticos , lugares de culto por actividades religiosas, así como viviendas que tengan un uso inferior a cuatro meses al año, como podría ser, por ejemplo un apartamento vacacional.
Certificado para el edificio o vivienda individual
El propietario que quiera alquilar o vender una vivienda tendrá dos opciones:
1.- Certificar de forma individual su vivienda perteneciente a un bloque.
2.- Consensuar con los vecinos y contratar la certificación del bloque completo.
Por otra parte, la calificación energética, deberá estar incluida en toda oferta, promoción o publicidad dirigida a la venta o el arrendamiento. El registro de los certificados se establece en cada Comunidad Autónoma, a través de los organismos que éstas designen para tal fin.
Edificios Públicos con certificado
Igualmente y como "actuación ejemplarizante" de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga inicialmente a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética. La nota del Minetur concluye exponiendo como ejemplo el caso del Complejo Cuzco, lo cual no deja de ser preocupante -si no patético- habida cuenta de la calificación obtenida tras la reforma de la que fue objeto, hace unos meses, ese Complejo, que alberga a los Ministerios de Industria y Economía y parte de los de Hacienda y Administraciones Públicas. Y es que Cuzco solo ha sido capaz de obtener una calificación energética... C.
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