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lunes, 16 de septiembre de 2013

El caos del certificado energético

Fuente: el País.

Guerras de precios, falta de inspección, desconocimiento. El certificado de eficiencia energética se está implantando en España de forma desordenada y sin que los consumidores sepan realmente de qué se trata. En apenas tres meses, unas 168.000 construcciones han registrado estos certificados, 110.000 entre Madrid y Cataluña. La cifra se antoja baja en un país con 3,4 millones de viviendas vacías, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Este certificado es obligatorio desde junio para los propietarios que quieran vender o alquilar sus construcciones. Es un informe sobre el consumo de energía que debe evaluar un técnico superior, normalmente, un arquitecto o un ingeniero, y en el que se califica la eficiencia con letras que van de la A a la G, igual que se evalúa a los electrodomésticos. Las sanciones por incumplimientos de la normativa van de los 300 a los 600 euros.
La cara de quienes quieren alquilar o vender una vivienda es un poema cuando alguien les habla del documento. “¿Certificado de qué?”, preguntan. En las inmobiliarias están más que habituados a escuchar sus quejas. Que si es un sacacuartos, otro invento del Gobierno para recaudar… Pero se trata de una imposición de la Unión Europea para intentar que las casas consuman cada vez menos electricidad y así reducir las emisiones de CO2. Llega con años de retraso y después de una amenaza de multa millonaria.
Tres meses después de su implantación, el desorden llega de muchos frentes. Las comunidades autónomas, encargadas de crear los registros de estos certificados y de vigilar que las calificaciones sean correctas, llevan ritmos muy diferentes. Madrid y Cataluña han arrancado e incluso ya tramitan algunas sanciones. En Aragón, por ejemplo, todavía no se ha abierto el registro. Andalucía está teniendo problemas con la inscripción online. “Se está haciendo de forma presencial y están teniendo bastantes problemas”, indican los técnicos.
Hay abierta una guerra de precios que van desde los 35 a los 200 euros. Los colegios de arquitectos e ingenieros advierten de que si no se empieza a denunciar los certificados que están mal hechos su sentido se desvirtuará. “No me gustaría que se quedara en un proceso burocrático más”, pide José Manuel Pinazo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los profesionales con mayor prestigio en climatización de edificios. “El certificado no es solo una letra, también son los consejos que incluye el técnico para conseguir un ahorro energético”, reivindica.
El certificado lo tiene que firmar un técnico superior que debería visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes. El problema es que muchos certificados, aún respaldados por un profesional habilitado, se están haciendo sin ese trabajo de campo, seleccionando las opciones que vienen por defecto en los programas informáticos. Se encuentran online, sin visita o con información telefónica. Algunos llegan a ofrecer la máxima calificación permitida: la A.
“Es bastante complicado que en España se llegue a una A o a una B, por la forma en la que se ha construido”, explica Javier Méndez, director del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. El año de construcción tiene una gran influencia sobre la calificación. Antes de 1980 no había normativa de eficiencia energética de los edificios. Hasta 2007, únicamente se hacía hincapié en el aislamiento olvidando factores como la orientación y la protección solar. Conseguir que una vivienda obtenga una A es posible, pero en casos muy contados. En Cataluña, por ejemplo, el 0,1% de las 65.000 etiquetas de calificación que se han emitido han recibido una A.
Hasta ahora, la mitad de las construcciones que ha tramitado el certificado ha recibido una E. “Algunos propietarios se asustan porque piensan que están debajo del aprobado, pero no deben de llevarse esa impresión”, explica Inés García, portavoz de la plataforma de certificadores Certicalia, encargada de poner en contacto a los dueños de las viviendas con técnicos de su zona.
Por temor a fraudes, el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid ha pedido a la comunidad madrileña que revise todas las viviendas que tengan calificación A o B. La Comunidad de Madrid confirma que tienen varios expedientes abiertos porque los datos que recogía el certificado no se correspondían con la realidad. En Cataluña están trabajando en un decreto propio para solucionar algunas contradicciones de la normativa estatal, como que no se especifique que se ha de hacer una visita para estudiar la vivienda. “Hemos tramitado algunas denuncias de consumidores a los que han dado un producto que no es el correcto”, cuenta Juan José Escobar, jefe de gestión energética del Instituto Catalán de la Energía.
Las administraciones o las tasadoras que trabajan con los bancos —dueños del mayor número de viviendas— intentan hacerse un hueco en este mercado. “Es comprensible que si se les da un gran volumen de trabajo se abarate el precio”, concede Jorge Marco, socio de la Red de Certificadores Energéticos, que reúne a técnicos de todo el país.
Más alterado está el arquitecto técnico Miguel Ángel Izquierdo, uno de los fundadores de un grupo que se autodenomina Certificadores Energéticos Indignados. “Los mismos que crearon la burbuja inmobiliaria con tasaciones altas nos están haciendo ahora las certificaciones energéticas, nos están dejando las migajas porque no podemos competir con sus precios”. También se quejan de que la Administración también ha entrado en el negocio. El Instituto Municipal de la Vivienda de Madrid, por ejemplo, los oferta por 180 euros.
En los carteles de Se vende o Se alquila de Madrid apenas se ven las etiquetas, documento que deben entregar los registros cuando se formaliza la inscripción de los certificados, y que es obligatorio exhibir. “En muchos anuncios de pisos se indica que está pendiente de calificación”, cuenta una joven que busca piso y que tampoco sabe muy bien en qué consiste el certificado. Muchos clientes esperan hasta haber alquilado o vendido para hacer este trámite. Pero eso impide al que compra o alquila negociar el precio en función de la eficiencia energética. “Son pocos los que saben que han de disponer de la certificación energética o la etiqueta para realizar publicidad”, explica Miguel Ángel Pérez, del departamento jurídico de Tecnocasa. “Pero podrían ser sancionados”, recuerda Jesús Rodríguez Cortezo, presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales.
Pinazo, el profesor experto en climatización, confía en que los ciudadanos se familiaricen con estos términos. Los primeros clientes de Certicalia fueron propietarios belgas e ingleses radicados en Baleares. “Ya lo conocían. En sus países se implantaron antes”, explican en la empresa.


jueves, 13 de junio de 2013

Certicat a Ràdio Canet

Entrevista realitzada al programa "La Rierada" de Ràdio Canet a Marc Pérez Muns, un dels socis fundadors de Certicat.
A "L'entrevista del dia" s'ha parlat sobre el nou certificat d'eficiència energètica, en vigor des del passat 1 de Juny, i s'han resolt tots els dubtes i qüestions existents sobre aquest tràmit, gràcies a l'experiència i professionalitat de l'equip de Certicat.
Enllaç a l'entrevista
(del minut 8:30 al 28:00)

Els fundadors de Certicat, al diari Ara

El passat diumenge 9 de Juny, en Marc Pérez Muns i en José Antonio Vidal Vela, fundadors de Certicat, varen aparèixer en una entrevista al suplement "ara emprenem" del diari Ara.
En ella parlen amb la periodista Andrea Rodés de diversos temes relacionats amb la certificació energètica d'edificis i de l'empresa que han fundat recentment, Certicat.



A continuació transcrivim el text integre aparegut al diari:



L’1 de juny va entrar en vigor una nova llei, en línia amb una directiva europea, que obliga a propietaris d’edificis i habitatges, nous i existents, a obtenir un certificat d’eficiència energètica, amb informació objectiva sobre el seu consum energètic i possibles reformes per aconsegui4r que sigui nul abans del 2020. Aprofitant que la crisi havia deixat en mínims el seu volum de feina, dos arquitectes de Barcelona van decidir muntar a principis d’any una consultoria especialitzada en la tramitació i gestió d’aquests certificats, que els propietaris dels edificis tenen l’obligació  de presentar en el moment de la signatura d’un contracte d’arrendament o venda.

“Molts propietaris veuen aquesta iniciativa com un tràmit més, i que a sobre han de pagar. Però és molt positiva, perquè el llogater o futur comprador d’un pis té ara un altre atribut a l’hora de valorar-ne el preu”, explica Marc Pérez, un dels dos fundadors de Certicat. Segons Pérez, que durant molts anys ha treballat en el sector de la rehabilitació i les energies renovables, conèixer el consum energètic d’un edifici és un valor afegit per a l’usuari, ja que pot suposar-li un estalvi considerable en manteniment.

De la A a la G

La llei de consum energètic classifica els edificis o pisos en 7 categories o etiquetes, que van de la A a la G, segons el novell d’emissions de CO2 i consum de kW per hora i per metre quadrat. El distintiu A, el més eficient, correspon als edificis que no superen els 18kWh per metre quadrat, segons càlculs de Certicat. L’equivalent en un pis de 100 metres quadrats seria de 196 euros anuals, o de 16,34 euros al mes. L’etiqueta G inclou tots els edificis o habitatges que consumeixen més de 188 kWh anuals per metre quadrat, que suposa una factura mensual aproximada de 166,38 euros. “Estaria justificat que un preu d’un pis amb etiqueta A sigui més car que un B o un C, ja que l’estalvi en consum per l’usuari és un valor afegit”, explica Josep Antoni Vidal l’altre soci de Certicat. Tots dos s’encarreguen de visitar l’edifici i fer-ne l’informe corresponent, que inclou des de valorar la fusteria de les finestres i el gruix dels vidres fins l’orientació o el tipus de subministrament (gas, electricitat o renovables).

Guerra de preus

Per obtenir la certificació final, les dades han de introduir-se en un dels dos programaris autoritzats per l’Estat. De moment, les llicències d’ús d’aquests dos programes, desenvolupats per empreses espanyoles, són gratuïtes. “Són programes molt bàsics, en comparació amb els d’altres països, i sovint donen errors, però no hi ha cap altra alternativa”, diu Pérez. El fet que el programari sigui gratuït ha provocat l’entrada de nombrosos competidors, un fet que ha causat una guerra de preus. Certicat cobra prop de 150 euros per certificat d’un pis, però a internet hi ha empreses que estan oferint aquest servei per la meitat. “Això vol dir que o no visiten el pis o fan una proposta de reformes per defecte”, diu Pérez.

jueves, 30 de mayo de 2013

El certificat d'Eficiència Energètica d'edificis a "El matí de Catalunya Ràdio"

Entrevista feta al progama de Manel Fuentes del dia 27 de Maig de 2013 a Maite Masià, directora de l'Institut Català de l'Energia, que explica que es posen en marxa els tràmits per donar el certificat energètic a més de 230 mil edificis. Des de l'1 de juny aquest document és obligatori per vendre o llogar un pis.