Fuente: el País.
Guerras de precios, falta de inspección, desconocimiento. El certificado de eficiencia energética
se está implantando en España de forma desordenada y sin que los
consumidores sepan realmente de qué se trata. En apenas tres meses, unas
168.000 construcciones han registrado estos certificados,
110.000 entre Madrid y Cataluña. La cifra se antoja baja en un país con
3,4 millones de viviendas vacías, según datos del Instituto Nacional de
Estadística.
Este certificado es obligatorio desde junio para los propietarios que
quieran vender o alquilar sus construcciones. Es un informe sobre el
consumo de energía que debe evaluar un técnico superior, normalmente, un
arquitecto o un ingeniero, y en el que se califica la eficiencia con letras que van de la A a la G, igual que se evalúa a los electrodomésticos. Las sanciones por incumplimientos de la normativa van de los 300 a los 600 euros.
La cara de quienes quieren alquilar o vender una vivienda es un poema
cuando alguien les habla del documento. “¿Certificado de qué?”,
preguntan. En las inmobiliarias están más que habituados a escuchar sus
quejas. Que si es un sacacuartos, otro invento del Gobierno para
recaudar… Pero se trata de una imposición de la Unión Europea para
intentar que las casas consuman cada vez menos electricidad y así
reducir las emisiones de CO2. Llega con años de retraso y después de una
amenaza de multa millonaria.
Tres meses después de su implantación,
el desorden llega de muchos frentes. Las comunidades autónomas,
encargadas de crear los registros de estos certificados y de vigilar que
las calificaciones sean correctas, llevan ritmos muy diferentes. Madrid
y Cataluña han arrancado e incluso ya tramitan algunas sanciones. En
Aragón, por ejemplo, todavía no se ha abierto el registro. Andalucía
está teniendo problemas con la inscripción online. “Se está haciendo de forma presencial y están teniendo bastantes problemas”, indican los técnicos.
Hay abierta una guerra de precios que van desde los 35 a los 200
euros. Los colegios de arquitectos e ingenieros advierten de que si no
se empieza a denunciar los certificados que están mal hechos su sentido
se desvirtuará. “No me gustaría que se quedara en un proceso burocrático
más”, pide José Manuel Pinazo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia
y uno de los profesionales con mayor prestigio en climatización de
edificios. “El certificado no es solo una letra, también son los
consejos que incluye el técnico para conseguir un ahorro energético”,
reivindica.
El certificado lo tiene que firmar un técnico superior que debería
visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el
consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes.
El problema es que muchos certificados, aún respaldados por un
profesional habilitado, se están haciendo sin ese trabajo de campo,
seleccionando las opciones que vienen por defecto en los programas
informáticos. Se encuentran online, sin visita o con información telefónica. Algunos llegan a ofrecer la máxima calificación permitida: la A.
“Es bastante complicado que en España se llegue a una A o a una B,
por la forma en la que se ha construido”, explica Javier Méndez, director del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
El año de construcción tiene una gran influencia sobre la calificación.
Antes de 1980 no había normativa de eficiencia energética de los
edificios. Hasta 2007, únicamente se hacía hincapié en el aislamiento
olvidando factores como la orientación y la protección solar. Conseguir
que una vivienda obtenga una A es posible, pero en casos muy contados.
En Cataluña, por ejemplo, el 0,1% de las 65.000 etiquetas de
calificación que se han emitido han recibido una A.
Hasta ahora, la mitad de las construcciones que ha tramitado el
certificado ha recibido una E. “Algunos propietarios se asustan porque
piensan que están debajo del aprobado, pero no deben de llevarse esa
impresión”, explica Inés García, portavoz de la plataforma de certificadores Certicalia, encargada de poner en contacto a los dueños de las viviendas con técnicos de su zona.
Por temor a fraudes, el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid
ha pedido a la comunidad madrileña que revise todas las viviendas que
tengan calificación A o B. La Comunidad de Madrid confirma que tienen
varios expedientes abiertos porque los datos que recogía el certificado
no se correspondían con la realidad. En Cataluña están trabajando en un
decreto propio para solucionar algunas contradicciones de la normativa
estatal, como que no se especifique que se ha de hacer una visita para
estudiar la vivienda. “Hemos tramitado algunas denuncias de consumidores
a los que han dado un producto que no es el correcto”, cuenta Juan José
Escobar, jefe de gestión energética del Instituto Catalán de la Energía.
Las administraciones o las tasadoras que trabajan con los bancos
—dueños del mayor número de viviendas— intentan hacerse un hueco en este
mercado. “Es comprensible que si se les da un gran volumen de trabajo
se abarate el precio”, concede Jorge Marco, socio de la Red de Certificadores Energéticos, que reúne a técnicos de todo el país.
Más alterado está el arquitecto técnico Miguel Ángel Izquierdo, uno
de los fundadores de un grupo que se autodenomina Certificadores
Energéticos Indignados. “Los mismos que crearon la burbuja inmobiliaria
con tasaciones altas nos están haciendo ahora las certificaciones
energéticas, nos están dejando las migajas porque no podemos competir
con sus precios”. También se quejan de que la Administración también ha
entrado en el negocio. El Instituto Municipal de la Vivienda de Madrid,
por ejemplo, los oferta por 180 euros.
En los carteles de Se vende o Se alquila de Madrid apenas se ven las
etiquetas, documento que deben entregar los registros cuando se
formaliza la inscripción de los certificados, y que es obligatorio
exhibir. “En muchos anuncios de pisos se indica que está pendiente de
calificación”, cuenta una joven que busca piso y que tampoco sabe muy
bien en qué consiste el certificado. Muchos clientes esperan hasta haber
alquilado o vendido para hacer este trámite. Pero eso impide al que
compra o alquila negociar el precio en función de la eficiencia
energética. “Son pocos los que saben que han de disponer de la
certificación energética o la etiqueta para realizar publicidad”,
explica Miguel Ángel Pérez, del departamento jurídico de Tecnocasa. “Pero podrían ser sancionados”, recuerda Jesús Rodríguez Cortezo, presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Industriales.
Pinazo, el profesor experto en climatización, confía en que los
ciudadanos se familiaricen con estos términos. Los primeros clientes de
Certicalia fueron propietarios belgas e ingleses radicados en Baleares.
“Ya lo conocían. En sus países se implantaron antes”, explican en la
empresa.
